viernes, abril 13, 2012
Toma Pan y Circo
Con estas palabras ha criticado Amadeu Sanchis, exconsejero de IU del Consejo de Administración de RTVV, los 330.000 euros que ha pagado la radio y televisión pública valenciana por la elaboración de unos informes que justifiquen el ERE previsto en la empresa. El gobierno valenciano estima en 1.200 millones el déficit y pretende recortar dos tercios de la actual plantilla, por lo que 1.000 empleados(de los 1.800 contratados) abandonarían su puesto de trabajo en los próximos meses.
La dirección de RTVV ha encargado dichos informes a dos empresas privadas: la consultoras Price Waterhouse y el despacho de abogados español Garrigues. Por los servicios prestados habrían recibido 185.000 y 145.000 euros respectivamente de las arcas públicas, un dinero que podría haberse ahorrado, denuncia Sanchis, si se hubiera encargado a los profesionales de RTVV, concretamente a los servicios jurídicos del Consejo de Administración.
"Es impresentable que una consultora, que por definición busca el beneficio privado, decida sobre la viabilidad de una televisión pública, en lugar del cauce normal, que sería la negociación entre el ente público y los sindicatos", explica el exconsejero.
■ ¿Cuándo empiezan los problemas de Radio Televisión Valenciana?
En el año 2000 la Generalitat(presidida entonces por Eduardo Zaplana) reduce la subvención pública al ente y permite la inyección de capital privado. Con la visita del Papa en 2006 Canal 9 efectuará su mayor despliegue técnico y humano con unos sobrecostes que aún hoy se desconocen. No obstante, la deuda generada es colosal.
En 2011 la prensa pública algunas de las deudas contraídas por RTVV con empresas privadas de luz, teléfono y seguridad, debiendo a esta última 3 millones de euros. Pese a ello, se pagan 365.000 euros en la creación de su actual página web.
En medio de todo este caos el Juzgado de Instrucción número 1 de Paterna procesa a Vicente Sanz, exsecretario general de RTVV, por supuestamente haber abusado sexualmente de 3 trabajadoras, generando con ello una situación "gravemente intimidatoria y humillante", destacó la juez.
Además, Canal 9 centra todas las miradas al estallar la red de corrupción política y empresarial Gürtel, por la que la Audiencia Nacional imputa al ex director general de RTVV, Pedro García Gimeno, por adjudicar contratos del ente público a empresas implicadas en la trama corrupta.
A principios de 2012, sabida por todos su cruda realidad y pésima gestión, Canal 9 adquiere los derechos de tres documentales sobre Rubalcaba, el juez Garzón y el GAL, por los que pagó 635.000 euros. ¿A quién? Sospechosamente a la productora Triskel Audiovisual, vincula al Grupo Intereconomía, y que ofreció los reportajes a un precio 50 veces superior al de mercado.
Y el último acontecimiento tuvo lugar los días 18 y 19 de marzo, cuando los trabajadores de la empresa se citaron en huelga para protestar contra el ERE previsto. Como consecuencia del paro, Canal 9 no pudo ofrecer, por primera vez en sus 23 años de historia, la retransmisión de la cremá de las Fallas.
Una vez más asistimos a la fórmula más preciada por políticos y empresarios: de su mala gestión sólo saldrán mal parados trabajadores y subordinados.
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