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El ERE de RTVV afectará a 1.200 trabajadores

Según las últimas informaciones publicadas por 'El País', el presidente valenciano, Alberto Fabra, aprobará una ley que regule la radio y televisión públicas de su comunidad. El objetivo es refundar las dos empresas en una sola, para lo que deberá eliminarse dos tercios de la actual plantilla.

De los 1.800 profesionales con los que cuenta RTVV, 1.200 será despedidos en los próximos meses, conservando únicamente 600 puestos de trabajo. Como ya les contó SoloTele hace unos días, la elaboración del ERE ha corrido a cargo de dos empresas privadas a las que se ha pagado 330.000 euros, dinero que podría haberse ahorrado si se hubieran utilizado los mecanismos propios del ente público.

Por otra parte, la Generalitat valenciana asume la enorme deuda acumulada por RTVV, cifrada en 1.200 millones de euros. Los despidos masivos se unen al plan de recortes desarrollado por el gobierno autonómico, que prevé adelgazar el sector público en un 40% ó 50%. Es decir, que los únicos responsables de la mala gestión política son los trabajadores valencianos.

¿Cuándo empiezan los problemas de Radio Televisión Valenciana?
En el año 2000 la Generalitat(presidida entonces por Eduardo Zaplana) reduce la subvención pública al ente y permite la inyección de capital privado. Con la visita del Papa en 2006 Canal 9 efectuará su mayor despliegue técnico y humano con unos sobrecostes que aún hoy se desconocen. No obstante, la deuda generada es colosal.

En 2011 la prensa pública algunas de las deudas contraídas por RTVV con empresas privadas de luz, teléfono y seguridad, debiendo a esta última 3 millones de euros. Pese a ello, se pagan 365.000 euros en la creación de su actual página web.

En medio de todo este caos el Juzgado de Instrucción número 1 de Paterna procesa a Vicente Sanz, exsecretario general de RTVV, por supuestamente haber abusado sexualmente de 3 trabajadoras, generando con ello una situación "gravemente intimidatoria y humillante", destacó la juez.

Además, Canal 9 centra todas las miradas al estallar la red de corrupción política y empresarial Gürtel, por la que la Audiencia Nacional imputa al ex director general de RTVV, Pedro García Gimeno, por adjudicar contratos del ente público a empresas implicadas en la trama corrupta.

A principios de 2012, sabida por todos su cruda realidad y pésima gestión, Canal 9 adquiere los derechos de tres documentales sobre Rubalcaba, el juez Garzón y el GAL, por los que pagó 635.000 euros. ¿A quién? Sospechosamente a la productora Triskel Audiovisual, vincula al Grupo Intereconomía, y que ofreció los reportajes a un precio 50 veces superior al de mercado.

Y el último acontecimiento tuvo lugar los días 18 y 19 de marzo, cuando los trabajadores de la empresa se citaron en huelga para protestar contra el ERE previsto. Como consecuencia del paro, Canal 9 no pudo ofrecer, por primera vez en sus 23 años de historia, la retransmisión de la cremá de las Fallas.

Una vez más asistimos a la fórmula más preciada por políticos y empresarios: de su mala gestión sólo saldrán mal parados trabajadores y subordinados.

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